JUICIO POLÍTICO
La defensa del juez Ruta insistió en que no hay pruebas para la destitución
El procurador General, Luis Martínez reafirmó el pedido de remoción y de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de 10 años.
Este jueves se desarrolló la última audiencia del Jury de Enjuiciamiento al juez Civil, Comercial y Ambiental Nº 4, Agustín Ruta.
En esta oportunidad se dieron los alegatos, tanto de la Procuración como la defensa, en el marco del juicio político donde se resuelve la destitución del magistrado.
El procurador General, Luis Martínez, ratificó en "todos sus términos" las acusaciones contra Ruta en las dos causas en que se lo investiga; la autorización de la transferencia de fondos a mediados de 2021 por $66 millones a Codapri SA en el marco de una demanda que la empresa tiene con el Banco Macro (finalmente se efectivizó el traspaso de alrededor de la mitad del dinero y la otra parte está trabada) y la difamación por redes sociales de la fiscal Virginia Palacios.
"Hay testigos que sostienen que la reunión existió y otros que no. Por eso, teníamos que adentrarnos en producir un equilibrio entre ellos, buscar otros elementos que diriman la cuestión para saber quién se aproxima más a una verdad, tenía que convertir opiniones en información", señaló el procurador General, Luis Martínez.
Dijo que del aporte de empleados judiciales y peritos, los cuales hablaron de cómo era la trazabilidad, el ingreso y egreso al edificio de Tribunales durante la pandemia de Covid, se comprobó que el único registro de un ingreso ese día fue del abogado Eduardo Juriol a las 13:30. Domínguez y Nóbile no figuraban al menos en los registros oficiales.
"Sostenemos las causales porque hay un enorme desapego de la función del magistrado al control mínimo de los asuntos. Qué espera el ciudadano de un juez con el desprestigio que ha causado, un banco que ha dicho que tuvo que retirar la jurisdicción de las operaciones comerciales porque a partir del caso ya no confía en litigar. Un funcionario que puso en jaque a todo el prestigio del Poder Judicial, se animó a hablar de una reunión que no existió y que salteando etapas o condiciones procesales transfirió libremente la plata", planteó.
Sobre el conflicto Codapri SA-Banco Macro, recordó que la investigación surgió luego de una presentación de la abogada de la entidad bancaria, Claudia Rocha, quien denunció irregularidades sobre un acta extraprocesal, firmada sólo por el secretario del juzgado Civil N° 4, Marcos Figueroa, por una audiencia que se habría realizado el 10 de diciembre de 2020 entre el juez, el representante legal de la firma, Juan Cruz Domínguez y el otro letrado de la parte acusatoria, Nestor Nóbile (fallecido en mayo de 2021).
Respecto a la difamación a la fiscal, el procurador trazó un análisis de las personas que fueron vistas en el subsuelo el 13 de marzo durante la mañana, día en que se conoció la viralización, y cómo fue descartando posibilidades: "Cuántos de ellos tuvieron un Samsung J7 (del que se presume se hizo la publicación), cuántos en tiempo y espacio tenían ese teléfono en el mismo día, lugar, traficando en la misma antena, o cuántos salieron a decir que habían perdido un celular hace un año atrás y le pidieron a un policía una constancia (en la Comisaría 1°) y venir al Jurado de enjuiciamiento en forma espontánea a pesar de que no era requerido ¿Cuántas personas tuvieron esa actitud? Solo una".
También hizo referencia al "abuso de poder" que tuvo Ruta con el efectivo de la dependencia policial: "Le hizo una gauchada pensando en las condiciones de un juez, que se presentó a pedirle que le haga una constancia para engañar al Jurado de enjuiciamiento".
Además, aseguró que el magistrado "utilizó" la identidad de Zulema Dubosq, oriunda de Neuquén y que actualmente vive en España, para habilitar una línea de teléfono del cual se hizo la viralización: "Le tocó hacerse cargo a ella de tener que dar explicaciones por hechos difamatorios".
En un momento de su declaración, se dirigió al jurado: "Por favor, tienen que verificar si estas condiciones, que acabo de mencionar, están presentes. Se impone valorarlo en este sentido. Analizar si están cumplidos las cuestiones de capacidad, idoneidad intelectual, valores, ética, probidad".
"Sostengo las acusaciones. Puso en cabeza de todos nosotros una obligación y tenemos que darle explicaciones a la sociedad y ante la duda que alguna vez reunió las condiciones para ser juez, no dudo de su capacidad intelectual, pero creo que eso lo comprometió aún más. Porque siendo una persona con semejante aptitud profesional, experiencia, habiendo hecho esto lo pone más en evidencia", aseguró.
Martínez solicitó en "nombre de la sociedad" la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 10 años.
Alegatos de la defensa
El abogado Carlos Acevedo primero habló de la causa Codapri-Banco Macri y lo dividió en dos; por un lado hizo mención al acta y por el otro al trámite procesal como tal.
"El juzgado no libró ningún cheque y el juez no proveyó una ejecución. Tras el embargo preventivo, se presenta el doctor Domínguez y pide que se liberen los fondos y es ahí cuando se empieza a discutir si se hace o no. Hay una reunión que no tiene la menor incidencia. Fue a las 9:30 del 10 de diciembre de 2020 y dicen que a partir de ahí se libró el cheque, pero sólo para aquella oportunidad en la cual el Superior Tribunal hubiera resuelto", detalló.
El letrado hizo referencia a la otra mitad de dinero que está trabado: "Quedan 35 millones en un limbo que no se permiten poner en plazo fijo por la doctora Rocha. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se impide que se trabe el embargo en cautela y que los fondos no generen intereses? ¿Qué es lo que quiere hacer el banco a través del procurador? Es muy sencillo, presionar a Ruta para incidir en Domínguez para que este proceso no siga, por eso siguen insistiendo con que esto es un acto irregular".
"Rocha doblega y busca apoyo del procurador. Es muy fácil llevarle al directorio (del banco) la cabeza del juez porque ellos no van a entrar y ver si el expediente fue un desastre bíblico", expuso.
Planteó que hay "centenares" de jueces que tienen condenas revocadas en San Luis y "nunca escuché que se les iniciara un juicio político. Si fuera así, hay que remover a todos".
"Ruta no es un santo de mi devoción y no estoy para defenderlo porque soy miembro de su club de fans. Entendí que se lo estaba prejuzgando a él porque se le pedía que hiciera lo que el resto de la jurisdicción debe hacer. Este proceso no se debe tanto por las cosas que había en el expediente sino este muchacho está acá porque se ha ganado alguna fama que los medios periodísticos difundieron sobre un casamiento, se lo juzga generalmente por eso y no debería ser así", expresó.
La otra abogada del magistrado, Susana Placidi, hizo referencia a la importancia de los aspectos técnicos de la causa y que "no podemos obviar que estamos tratando con un banco que tienen la práctica de hace mucho tiempo de llevar las ejecuciones de sus deudores a la circunscripción donde está la sede (por Buenos Aires)".
A su vez, la letrada señaló que Ruta "dictó una resolución que no les conviene a los abogados representantes de la entidad porque se van a encontrar con un escollo cuando le tengan que explicar al directorio".
"Hoy se cuestiona eso pero a la fecha no se acreditó que haya sido revocado. No hay organismos superiores que hayan dicho que ese escrito es improcedente por lo tanto no podemos decir que exista incumplimiento de los derechos de su cargo", dijo.
El Jury estuvo compuesto por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Levingston (presidente), los jueces Fernando Pascuet y Javier Ayala; los diputados provinciales, Marisa Patafio, Verónica Garro y Gustavo Morales; y los abogados Alfonso Vergés, Valeria Imberti y Gimena Ramírez Couto.
En cuanto a la difamación de Palacios, Acevedo dijo que Martínez "comienza con una afirmación antes de que se produjera alguna prueba que indique que la viralización corresponde al magistrado, es decir, tiene afirmaciones muy claras desde antes de los hechos".
"Una de las cuestiones por las cuales se lo vincula es una foto pero la única que conocemos de la cochera es la de la doctora (Carina) Gregoraschuck. Se hizo toda la película que le llevó horas a una perito tratar de determinar que la pudo sacar Ruta mediante una serie de composiciones de razonamientos, pero la realidad es que cualquiera puede bajar al segundo subsuelo por la escalera y sacar una imagen exactamente en ese lugar", razonó.
"En este proceso se da cuenta que el procurador con la doctora Rocha vieron que la primera causa venía siendo ardua y había que buscar otra cosa para engrandecer todo (por la difamación a Palacios), que hubiera una acumulación de dos procesos. Sigo pensando que es un blanco móvil y que es un tipo que le pueden sacar un provecho y si pueden le sacarían plata también", finalizó.
Antes de que culminara la audiencia, Levingston le dio la posibilidad de hablar a Ruta: "Agradezco que se me conceda la palabra, pero dado el tiempo que ha consumido este proceso y los hechos acreditados, no tengo más nada que agregar y les deseo a todos muy buenas tardes".
Testigos
Antes de los alegatos hubo tres testigos que comparecieron en la acusación por difamación a la fiscal.
Dubosq dijo que tenía un sólo interés: "Que se demuestre en este juicio que mi identidad ha sido usurpada".
Asimismo, confirmó que no tiene ninguna relación con San Luis y que si bien es oriunda de Neuquén, está radicada desde el 1° de julio de 2021 en España.
La jefa de prensa del Poder Judicial, Silvana Lucero, comentó que tomó conocimiento del hecho el 13 de marzo por la tarde luego de la consulta de una periodista que le reenvió el mensaje viral.
"Lo único que ese mensaje al final decía ‘ampliaremos’ y firmada por ´La Voz de San Luis’. Un medio que nunca supe de quién es ni el periodista que escribe", expresó.
Carlos Lucero, empleado judicial del juzgado de Ruta, fue el que acompañó al magistrado hasta la cochera: "Me pidió un favor que le fuera a sacar unas fotocopias. No encontraba su billetera en el despacho y fuimos juntos a buscarla a su camioneta. Bajamos por el ascensor del medio, me dio la plata, hice lo que me solicitó, regresé a mi oficina y se los entregué".
Ante la consulta de un integrante del jurado, mencionó que observó que un vehículo con luces encendidas pero no intervino sino que fue el juez quien avisó a la guardia de la situación.
"No vi a nadie que sacara fotos ni el doctor tampoco", explicó.